Conoce a los ganadores Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”

El comité del Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, decidió otorgar este año su galardón, en la categoría grupal se encuentra el pueblo indígena De San Pedro Tlanixco, y en la individual a Irinea Buendía Cortés.

Doña Irinea Buendía, como defensora de Derechos Humanos en el Edomex. Su esfuerzo, ha sido un avance de gran importancia en una entidad donde el número de feminicidios es alarmante.

Semblanza
“En 2010, la hija de Irinea Mariana Lima fue víctima de feminicidio. Desde entonces, Irinea Buendía, continúa en la búsqueda de verdad y justicia para su hija y otras mujeres víctimas de feminicidio. Apoya a madres de víctimas de feminicidio y mujeres y colectivas que trabajan con temas de violencia feminicida.

 

Realizó una investigación para esclarecer los hechos en torno al feminicidio de su hija. De manera autodidacta, se especializó en derecho y criminalística y con ello pudo desmentir las pruebas que se construyeron para que el feminicidio de Mariana Lima Buendía, pareciera un suicidio. También fue capaz de señalar las irregularidades en las investigaciones realizadas por las autoridades del Estado de México y exigir a las mismas se procediera con debida diligencia.

El caso fue escalando hasta llegar, en septiembre de 2013, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), constituyendo un precedente histórico como el primer caso de feminicidio atraído por el Máximo Tribunal de Justicia en México. En 2015, la SCJN sentenció al Estado de México para realizar nuevamente las investigaciones considerando la perspectiva de género (Sentencia 554/2013), siguiendo la línea de feminicidio y con debida diligencia.

A lo largo de esta trayectoria y hasta la actualidad, ha acompañado el proceso legal de otras mujeres que han sido víctimas de violencia feminicida y participado en acciones encaminadas a resguardar la Memoria, tal como es la colocación de las cruces en Bordo de Xochiaca y en el Palacio Municipal de Nezahualcoyotl.

Gracias a su lucha obtuvo la orden de aprehensión contra Julio César Hernández Ballinas, presunto feminicida de Mariana Lima Buendía y marcó un precedente importante para el establecimiento del tipo penal de feminicidio. Actualmente defiende el derecho de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia principalmente en Chimalhuacán, Estado de México.

Derivados de su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, ella y su familia han sufrido diversos ataques por agentes del Estado:

Criminalización y persecución de Aurelio Michel Buendía, que provocan detenciones arbitrarias las cuales no se emitieron con ninguna orden de aprehensión y sobra decir que no siguieron el debido proceso. Además de lesiones provocadas por golpizas recibidas.

El nivel de riesgo de ella y su familia amerita medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Las diversas amenazas y hostigamientos provocaron un desplazamiento forzado para Irinea y su familia, ya que se vieron en la necesidad de abandonar su hogar.”

 

Los defensores de Derechos Humanos de Tlanixco, se encuentran presos en el penal de “Santiaguito”, por un delito que no cometieron. Fueron criminalizados y encarcelados por oponerse a la privatización del río de su comunidad.

 

Semblanza

Defensora y Defensores del agua del Pueblo Indígena náhuatl de San Pedro Tlanixco: Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles.

Defienden su Derecho a la Justicia y el Derecho Humano al agua: El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua menciona que en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos y que el agua debe tratarse como un bien social, cultural, y no fundamentalmente como un bien económico.

La comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido una lucha desde los años ochenta, cuando grandes empresas floricultoras llegan al municipio de Villa Guerrero. En 2002 se agudiza una disputa entre ambas comunidades por el uso y disfrute del río Texcaltenco, el cual nace en San Pedro Tlanixco. El río fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a empresarios del municipio floricultor más importante del país, desde entonces, los nahuas no tienen acceso a su propia agua, aunque cuentan con documentos válidos que los acreditan para poder explotar sus aguas.

El día 1 de abril del año 2003 los pobladores de San Pedro Tlanixco se sintieron agredidos ante la presencia del presidente de agua de riego de la empresa floricultora del municipio de Villa Guerrero, quien argumentaba que el agua del rio llegaba sucia y se dirigía menoscabando su condición indígena, entrando a su territorio con el único fin de recalcar su superioridad. La comunidad repele la agresión en apego a sus usos y costumbres. Durante la confusión del momento, el presidente de los floricultores pierde la vida, lo cual acarreó una fuerte represión en contra del pueblo: sacaron de sus domicilios a los indígenas de Tlanixco sometiéndolos con armas de fuego y creando terror al amenazar con asesinarlos y violar a las mujeres.

Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles no se encuentran presos por su participación en delito alguno, son quienes fungían como representantes del pueblo indígena y esa es la razón por la que toda la fuerza del estado se dirigió en su contra. Por un lado logran se deja acéfala la resistencia indígena de Tlanixco y por otro se da un mensaje de terror para desmovilizar a la comunidad.

Llevan desde 2003 resistiendo legalmente la falsa acusación que pesa en su contra, demostraron que los testigos que depusieron en su contra fueron aleccionados por los propios empresarios, y en los últimos 3 años reforzaron el desahogo de pruebas periciales en materia antropológica e indígena. Se ha dejado en evidencia que en no se cumple con la obligación de proporcionar un defensor capacitado en derechos en derechos y cultura indígena.

Al dictar sentencia fue impuesta la pena máxima en un delito donde es imposible determinar el grado de participación de cada persona sentenciada. No se les tomó en cuenta su calidad como personas indígenas, por lo cual no fueron juzgados tomando en cuenta la armonización de los usos y costumbres con el contexto del hecho delictivo.

Es de destacar que en los próximos días se dará conocimiento al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU.

La defensa de derechos humanos las llevó a la cárcel, siendo personas inocentes. Afrontan la posibilidad de morir en prisión pero la defensa jurídica y la solidaridad de los pueblos les dará la libertad.”

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