Derechos Humanos y violencia política contra mujeres

Cuando hablamos de derechos políticos de las mujeres es importante reconocerlos como resultado de una lucha histórica en la que se han enfrentado distintos retos y obstáculos para garantizar el goce y ejercicio de estos derechos en todos los espacios de participación o toma de decisiones.

La participación política desde un marco de derechos humanos no se puede limitar a ocupar puestos de decisión en instituciones de gobierno, votar o contender por algún cargo de elección popular[1]. Es necesario que ampliemos nuestra concepción sobre los espacios en los cuales se puede participar. Al respecto la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres[2] enlista como derechos políticos:Votar y ser votada;Ocupar cargos públicos; Participar en forma paritaria en la formulación de las políticas gubernamentales y su ejecución;

Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país, incluyendo a partidos políticos y sindicatos.

Este documento es realizado por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, quienes desde el 2004 emiten evaluaciones y recomendaciones hacia los Estados para eliminar toda forma de violencia hacia las mujeres, y recomienda a los Estados incorporar en sus legislaciones esta Ley Modelo y adaptarla a su propia realidad con el fin de garantizar el goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y prevenir la violencia política en su contra.

La Ley Modelo, en su artículo 3º define la violencia política contra las mujeres como cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.

Si bien de manera oficial entre 2012 y 2016 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) identificó 156 casos de violencia política contra las mujeres, siendo la mayoría de las víctimas mujeres funcionarias, servidoras de organismos electorales, candidatas a un puesto de elección popular o funcionarias municipales[3], estas cifras no visibilizan a aquellas mujeres que ejercen sus derechos políticos participando en otros espacios como son organizaciones de la sociedad civil, asociaciones comunitarias, barriales, vecinales, escuelas, sindicatos, entre otros.

Es por esto que cuando hablamos de violencia política es importante incluir una mirada de género ya que afecta desproporcionadamente a las mujeres. La FEPADE también lo ha identificado al documentar el condicionamiento de los programas sociales en las que se responsabilizaron a las mujeres NO servidoras públicas de influir en el voto, lo que resulta en que un 57 % de las denuncias de delitos electorales son en su contra, mientras que solo el 6% son dirigidas contra personas servidoras públicas[4]. Esta situación es un ejemplo de cómo se puede inhibir o limitar la participación de un grupo determinado como el de las mujeres en el ámbito público, al perpetrar roles y estereotipos de género para participar como gestoras y no cómo líderes en el ámbito público, que además deben responder a interés de determinados grupos políticos. Esto es posible dado que varios programas sociales no cuentan normas requeridas para su adecuada protección, no hay legislación para que sean fiscalizados o una contraloría social que garantice que no sean usados con fines electorales.[5]

Ante este panorama no sólo se debe exigir la tipificación de la violencia política contra las mujeres, sino también será necesario:

  • Promover observaciones electorales bajo un marco de derechos humanos y perspectiva de género.
  • Desarrollar propuestas que incluyan la protección efectiva de los derechos políticos de las mujeres.
  • Blindaje de programas sociales y sanción efectiva a la cadena de mando que pretenda hacer uso indebido para la compra y coacción del voto por medio de estos recursos.
  • Promover, fortalecer y visibilizar los liderazgos de mujeres en los partidos políticos, colonias, barrios, escuelas, instituciones de impartición y acceso a la justicia, organizaciones de la sociedad civil.
  • Formular, fortalecer y compartir metodologías de observación sobre la participación política de mujeres en las que se documente, sistematice y denuncie las violaciones de los derechos políticos de las que son víctimas.

En este periodo electoral 2018 se tiene la oportunidad de garantizar la participación de las mujeres en el ámbito público y fomentar el pleno ejercicio de sus derechos. La propuesta de atender desde un marco de derechos humanos la violencia política contra las mujeres permite que se puedan establecer medidas de reparación y no repetición de este tipo de violencia.

 

 

* Claudia Pamela Chavarría Machado es Antropóloga Social por la UAM y estudiante de Derecho por la UNAM, defensora de derechos humanos e investigadora en temas de democracia, género y prevención de la violencia contra la mujer. Actualmente es investigadora en INCIDE Social A.C. 

Flor Camacho Trejo estudió en la Facultad de Psicología, UNAM. Ha participado en proyectos con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es investigadora en INCIDE Social, A.C. Sus líneas de investigación se enfocan a temas sociales y políticos en contextos de violencia y acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos.

 Raul Vicente Ruiz estudió Sociología en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Actualmente participa como investigador en INCIDE Social. Sus temas de interés son: la experiencia y gestión urbana, los procesos demográficos y las cuestiones socioculturales.

 Fuentes: 

[1] Comisión Nacional de Derechos Humanos (2017) Diagnostico de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de elección popular en México.

[2] Comité de Expertas Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (2017) Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres [Disponible aquí].

[3] Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Informe de la FEPADE sobre la atención de casos de Violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y avances (2013-2016)

[4] Péndulo “Delitos electorales se están Feminizando: FEPADE” 2 de octubre de 2017. [Disponible aquí].

[5] Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2017.

Ayúdanos a compartir esto en tus redes sociales, Gracias!

0 thoughts on “Derechos Humanos y violencia política contra mujeres”

Write a Reply or Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *