El blindaje electoral a programas sociales: evolución, avances y retos

El blindaje electoral se implementa durante los procesos electorales federales, locales o concurrentes y consiste en un conjunto de acciones que deben realizar los servidores públicos involucrados en la operación de los programas sociales, conjuntamente con la sociedad civil, las autoridades electorales locales y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), con la finalidad de prevenir y evitar que los recursos públicos sean utilizados en favor o en contra de partidos políticos y/o candidatos, o bien con fines u objetivos distintos a los
establecidos en la norma correspondiente.

El INE (Instituto Nacional Electoral) define blindaje electoral como el conjunto de acciones que realiza junto con instituciones de la administración pública federal, estatal y local, y organismos electorales, para garantizar que todos los recursos públicos y programas sociales se gestionen de forma transparente, sin un fin político electoral.

Legalidad, imparcialidad, honestidad, responsabilidad, transparencia y ética pública son los principios en torno a los cuales giran las acciones de blindaje electoral. Si bien el término “blindaje electoral” no está incorporado en ninguna norma, en la actualidad existe un marco legal en materia electoral para la protección del ciudadano en el ejercicio de su derecho a un voto libre y sin condicionamientos de coerción como beneficiario de algún programa social.

 

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