Manual para la defensa de víctimas de Tortura

Desde la primera década del siglo XXI México atraviesa por la que es considerada una crisis grave de derechos humanos. Su magnitud ha provocado que diversas entidades internacionales alcancen un consenso en cuanto al diagnóstico y caracterizar la situación del país como crítica, con problemáticas de larga data que convergen con nuevas y diversas formas de afectación a tales derechos. Para organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta crisis se centra en violaciones graves como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coincide, refiriendo que la tortura y la desaparición forzada son las problemáticas más urgentes.2 La prohibición mundial de la tortura y todas las formas de crueldad y humillación existe desde 1948, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,3 y se reiteró al adoptarse en 1984 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada por 156 países.

Además de violaciones a derechos humanos, los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID) son considerados crímenes dentro del Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Su prohibición tiene rango de norma de ius cogens,  lo cual significa que es un derecho absoluto.

Asimismo, en determinadas circunstancias esos actos pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio. Si bien ningún Estado puede torturar o permitir la tortura o los malos tratos en ningún caso ni bajo justificación alguna, y a pesar de los esfuerzos para su proscripción, estos persisten: durante los últimos cinco años, por ejemplo, Amnistía Internacional ha monitoreado casos de tortura en 141 países.

En 2015, durante la visita in loco de la CIDH a México, la Procuraduría General de la República le informó que hasta abril de aquel año tenía en curso 2,420 investigaciones sobre tortura, mientras que había solo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó haber recibido más de 10,200 quejas por detención arbitraria y más de 9,200 por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes entre 2006 y 2015.7 Antes, en su visita a México de 2014 y su informe de seguimiento de 2016, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, manifestó que tales prácticas eran generalizadas.

Consulta el Manual para la defensa de víctimas de tortura y tratos o penas crueles inhumanos o degradantes

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