Yo sólo quería que amaneciera

El informe muestra los impactos psicosociales que viven hasta la fecha los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, quienes enfrentan un proceso de “duelo congelado”, pues no saben si sus hijos están vivos o muertos, y profundas consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Revela además la violencia estructural y discriminación que sufren las víctimas que pertenecen a pueblos indígenas.

El estudio da cuenta de la manera en que estos impactos se han profundizado a lo largo de tres años debido a la impunidad, entendida no solamente como la falta de investigación y sanción a los responsables, sino que incluye las actuaciones de las autoridades que han obstaculizado la investigación y manipulado la verdad. En este sentido, el estudio describe, a través de la voz de las víctimas, los impactos revictimizantes de la estigmatización de los normalistas -que en su momento fueron señalados como parte de grupos de la delincuencia-, la difusión de la llamada “verdad histórica” sin sustento científico, y de otros eventos en los que el Estado ha sostenido esta versión de los hechos. Estos eventos en su conjunto configuran una secuencia traumática, que ha generado la ruptura de la confianza de las víctimas hacia el Estado.

 

El diagnóstico recupera las recomendaciones del GIEI en materia de atención a víctimas y plantea una serie recomendaciones al Estado con el objetivo de reconstruir la confianza de las víctimas, y criterios mínimos que configuren el marco de la atención a las víctimas con respeto a su dignidad. Por esta razón, se plantean, entre otras, las siguientes medidas simbólicas:

  • El Estado debe reivindicar y dignificar a todas las víctimas que fueron heridas —particularmente los casos de Aldo Gutiérrez Solano y Edgar Andrés Vargas—, privadas de la vida, a los estudiantes normalistas sobrevivientes y a los estudiantes normalistas desaparecidos, por el daño producido con la criminalización y cuestionamientos sobre su presencia en Iguala durante los meses posteriores a los hechos.
  • El Estado mexicano debe reconocer públicamente, en voz de autoridades de alto nivel, la falta de sustento científico suficiente en la hipótesis oficial que establece como destino final de todos los estudiantes de Ayotzinapa el basurero de Cocula, y remover cualquier aseveración al respecto de los discursos y sitios digitales públicos del Estado mexicano.
  • Dada la especial condición de los familiares de víctimas de desaparición forzada, la principal medida de atención y reparación es el esclarecimiento de los hechos y el paradero de los estudiantes. La incertidumbre sobre el paradero en casos como este impide avanzar en medidas de reparación —desvirtuando su naturaleza— al tiempo que acentúa la necesidad de asistencia, particularmente las de atención en salud y psicológica.
  • Generar las condiciones para el avance de la búsqueda y la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, incluyendo garantías para la seguridad de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes.

Descarga el informe 

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